La Cámara de Cuentas de la República Dominicana en cumplimiento de su Ley Orgánica No. 10-04 y el Artículo No. 250 de la Constitución de la República presentó recientemente al Congreso Nacional el informe sobre la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y Rendición de Cuentas Generales del Estado 2011, en el que presenta sus preocupaciones en torno a los persistentes incumplimientos, debilidades e irregularidades de la ejecución presupuestal de las instituciones públicas.

Es penoso que esta Institución fiscalizadora compruebe en el mismo campo de trabajo las continuas denuncias de irregularidades que sobre el manejo incorrecto de la ejecución presupuestal ha dado al conocimiento público, por más de ocho años de forma ininterrumpida, la Comisión de Política Económica del partido opositor PRD y otros sectores.

Es muy grave que dicho organismo auditor de las cuentas públicas haya observado que no pudo obtener informaciones para confirmar el gasto de capital por un importe de más de RD$68,000 millones de pesos.

Que no pudo obtener respuesta a los pedidos de confirmación deingresos tributarios ascendentes a RD$3,395 millones, los cuales totalizaron en el año 2011 RD$206,157 millones.

Que no confirmó si los RD$79,114 millones erogados por el gobierno en 2011 corresponden a remuneraciones a empleados del gobierno central.

Del mismo modo la Cámara de Cuentas observa que RD$13,186 millones fueron subvaluados en la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento.

¿Es ahora cuándo a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana le preocupa la mala gestión presupuestal que en los últimos años las instituciones públicas hacen del presupuesto nacional, cuando debió denunciar tales irregularidades mucho antes a los fines de que se tomaran las previsiones y correctivos de lugar?

No solo son culpables de tales irregularidades presupuestales las instituciones responsables de su ejecución sino también la misma institución que debe velar porque los fondos consignados en el presupuesto se apliquen tal como establece la ley orgánica de presupuesto para el sector público No. 423-06 y la ley de gastos públicos aprobados cada año.

No es un secreto para nadie que tanto la Cámara de Cuentas como la Contraloría General de la República Dominicana no cumplen con el mandato constitucional y legal que le dieron origen que establecen que deben ser verdaderos centinelas o guardianes del buen uso de los fondos públicos que el Congreso Nacional apropia a las instituciones del Estado.

Por el contrario dichos organismos han sido comodines y complacientes de los deseos del Poder Ejecutivo violándose también la independencia de criterio que éstos deben observar, por lo que debe procurarse que los mismos se apeguen al cumplimiento de sus respectivos reglamentos soportes de sus leyes orgánicas.