La Paz, 1 jul (PL) Los marchistas que rechazan la construcción de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) reforzaron hoy el cerco a la sede de la Vicepresidencia de Bolivia.

Los miembros de la caminata insisten en un diálogo entre el Gobierno y sus dirigentes Adolfo Chávez y Bertha Bejarano, acusados de corrupción y narcotráfico, respectivamente.

Un centenar de carpas fueron emplazadas en calles aledañas a la Vicepresidencia, donde decenas de indígenas permanecen en vigilia desde el viernes.

Sin embargo, un grupo del pueblo T'simane - Mosetene decidió retornar a sus comunidades tras acordar con el Ejecutivo proyectos productivos y sociales.

El Gobierno se comprometió en viabilizar la instalación de telefonía, el envío de brigadas médicas, impulso a proyectos productivos de carne y leche, educativos, entre otros, indicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Los medios televisivos reflejaron un altercado entre los dirigentes de la IX marcha y los indígenas disidentes, cuando éstos se disponían a abandonar las instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, donde pernoctan los marchistas.

Romero anunció el inicio de acciones legales contra quienes golpearon al ex constituyente Sabino Mendoza el sábado en las inmediaciones del coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés, cuando gestionaba el retorno de los indígenas T'simane - Mosetene a su comunidad.

Mendoza fue golpeado por marchistas y personas infiltradas, a quienes se vio con chalecos amarillos, similar al del personal de la Alcaldía de La Paz, incluida una miembro de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, quien instó a la violencia.

Asimismo, un grupo liderado por Adolfo Chávez vapuleó a los indígenas que ingresaban a un bus, y a otros que se encontraban dentro, incluso alguien se dirigió a los indígenas T'simane - Mosetene en términos soeces.

Los corregidores del Tipnis repudiaron la agresión a los amazónicos que se separaron de la marcha.

El presidente de la Subcentral Sécure del Tipnis, Carlos Fabricano, identificó a Adolfo Chávez y Bertha Bejarano, dirigentes desconocidos por las organizaciones indígenas, como responsables de fraccionar y usar las comunidades con fin político.

Para Romero los líderes de la novena marcha perdieron la capacidad de dirección de las bases, luego de que un grupo de originarios que respaldaba la movilización, decidió retornar a sus comunidades.

Señaló a Adolfo Chávez, acusado de recibir 30 mil dólares de una casa de juegos de azar y a la actual presidenta del comité de la marcha, Bertha Bejarano, sentenciada en Brasil por narcotráfico, así como a otros vinculados al tráfico de madera.

Romero subrayó que para el Gobierno es muy difícil encontrar acuerdos con un movimiento sin liderazgo reconocido y, por ello, la misma base indígena busca el diálogo directo con las autoridades para resolver el conflicto.

La marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano busca eliminar una consulta que decidiría la construcción de una vía por el parque amazónico, proyecto demandado por varios sectores, incluso indígenas, pues acercaría servicios de salud, educación y comercio a las comunidades amazónicas.

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