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El procurador Jiménez entrega su diploma a uno de los nuevos 75 agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario. A su lado, el director de la Escuela Penitenciaria, Roberto Santana, y el vipresidente de FINJUS, Servio Tulio Castaños (Foto ListÃn). |
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SANTO DOMINGO.- Un total de 2,375 personas acusadas de narcotráfico, lavado de activos, homicidios y otros delitos graves se encuentran prófugas de la justicia en la República Dominicana, informaron autoridades del Ministerio Público.
La mayoría de los prófugos han sido declarados en rebeldía debido a que no se presentan a los tribunales luego de que se les han impuesto medidas coercitivas distintas a la prisión preventiva.
De los prófugos los de más renombre son el boricua José David Figueroa Agosto y Sobeida Félix Morel, a quien las autoridades acusan de esta implicados en una millonaria operación de lavado de dinero y narcotráfico. De ellos hay cien que son requeridos en extradición por los Estados Unidos, se dijo.
Intentarán captura
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, anunció ayer la creación de una mesa interinstitucional junto a la Policía Nacional y la Suprema Corte de Justicia, con el objetivo de reapresar a los prófugos.
Jiménez Peña sostuvo que muchos acusados no acuden a citas cuando se dictan medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva y se hacen los requerimientos de lugar para su comparecencia.
“Necesitamos mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de esa medida que imponen los tribunales, como es la garantía económica, presentación periódica, para que no suceda lo que nos está ocurriendo en el día de hoy”, apuntó.
El procurador habló previo a encabezar el acto de graduación de 75 nuevos agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) que entrarán al nuevo modelo penitenciario.
A la actividad asistieron también el comisionado de Reforma y Modernización de la Justicia, Lino Vásquez Samuel; el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, y el director de Prisiones, general retirado Manuel de Jesús Pérez Sánchez.
De su lado, Vásquez Samuel abogó por la creación de la Oficina de Antelación a Juicio, mecanismo de servicio del sistema de justicia con oficiales especializados que se encarguen de la vigilancia y la captura de aquellas personas que han recibido medida de coerción diferente a la prisión preventiva, pero que no se presentan a juicio.
Mientras, que el Vicepresidente de FINJUS sostiene que hay debilidad en el sistema judicial para apresar a los prófugos que han sido declarados en rebeldía por los tribunales.
Castaños Guzmán planteó la necesidad de crear una Mesa de Trabajo con mecanismos fuertes, para poder localizar aquellas personas que la justicia envía a sus casas con la variación de una medida de coerción, para evitar que puedan evadir la justicia.
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