Si bien ningún país miembro de la Unión Europea puede ofrecer tales dispositivos tras la entrada en vigencia de una ley regional en 2006, las lagunas legales que este reglamento tiene, han permitido -según AI y el propio europarlamento- que los estados hayan hecho la vista gorda en este lucrativo mercado.
Estas empresas, en su mayoría con base en España, Italia, Francia, Alemania, Hungría y la República Checa, son distribuidoras legales de productos para fuerzas policiales y de seguridad, pero entre su oferta hay dispositivos para el maltrato humano.
No sólo los gobiernos han autorizado la exportación e importación de equipos cuyo "único fin es la tortura" sino que 20 de los 27 países miembros no han cumplido con la obligación de informar de ello a la UE.
"Para nosotros es decepcionante que algunos estados miembros no estén cumpliendo con su obligación legal de informar sobre el comercio o de detener el comercio donde las fuerzas de seguridad utilizan estos equipos para torturar", dijo Mike Lewis, investigador de asuntos militares y policiales de AI.
La europarlamentaria que dirige la Subcomisión de Derechos Humanos, Heidi Hautala dijo que "Los estados miembros han fallado claramente en implementar estas regulaciones, y algunos países son culpables hasta de violar (la ley)".
Los destinos de los dispositivos de tortura son *Bulgaria Camerún,China,Croacia, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos,Georgia, India, Israel, México, Mongolia, Moldovia, Pakistán, Rumania, Senegal, Venezuela.
*Fuente: Amnistía Internacional
El problema, según AI, radica en que la ley de hace cuatro años tiene una lista desactualizada de los dispositivos que se usan para la tortura.
La tecnología ha desarrollado equipos más avanzados para maltratar de forma inhumana, mientras que otros productos que ya existían en el mercado han cambiado de nombre.
"Ahora existen nuevos tipos de esposas y bastones policiales, por lo que hay una necesidad urgente de actualizar la lista de control", señala Lewis.
La eurodiputada Hautala no sólo está de acuerdo con el experto de Amnistía sobre la revisión de la lista, sino que considera que el nuevo reglamento debe tener un apartado que obligue a las empresas a informar sobre los nuevos productos del rubro.
No obstante, parece insuficiente actualizar y endurecer una ley que realmente no se ha cumplido estrictamente por los gobiernos europeos, pues las empresas no sólo han interpretado el reglamento en su beneficio, sino que los países han dado luz verde a un comercio de equipos en principio prohibido.
"Es responsabilidad de la Comisión Europea (CE) asegurarse de que estas leyes se apliquen en cada país. Ellos tienen un papel qué jugar", señala Lewis.
Exposición pública
Tanto AI como el Parlamento Europea exigen a la Comisión Europea que aplique sanciones a los países exportadores.
Hautala explica que la CE siempre tiene la posibilidad de llevar a corte a cualquier estado miembro que esté incumpliendo con las directrices de la UE. Sin embargo, le tiene más fe en la exposición pública para avergonzar.
"Lo que significa que debemos publicar los nombres de los países y compañías que violan y manipulan estas regulaciones", agregó.
Tanto AI como el Parlamento Europeo han mostrado especial preocupación por el comercio de cinturones eléctricos que permiten aplicar descargas a los detenidos que lo lleven con apenas apretar un botón a distancia.
Si bien ambas partes son conscientes de lo lucrativo del mercado, ninguna pudo ofrecer una cifra estimada de su valor.
"Pero (comparado con el comercio de armamento pesado) es algo en que la UE podría actuar sin que represente grandes consecuencias económicas", comentó Lewis.
Amnistía Internacional hizo un llamado para que el Parlamento actúe con celeridad.
La Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo así lo quiere.
No obstante, como el comercio exterior de equipos para fuerzas de seguridad involucra también a la Comisión de Comercio y de Relaciones Exteriores, Hautala indicó que "siendo optimistas" la revisión y endurecimiento de estos controles puede durar meses.
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