Los mensajes son económicos (cuestionan el costo que implicaría la nueva ley), políticos (critican la "falta de solidaridad social" o advierten la "penetración de una agenda socialista") o religiosos (aseguran que "financiará abortos con fondos federales").
Es la parte más visible para el ciudadano de un esfuerzo que durante este año ha involucrado a 175 organizaciones o empresas y a 4.525 personas contratadas para que aboguen por ellos ante los congresistas. Son los lobbies o grupos de cabildeo o de presión.
Compañías de seguros, hospitales, sindicatos, asociaciones empresariales y grupos de ciudadanos invirtieron en cabildeo US$544 millones en 2009, según el Centro para la Integridad Pública, una organización de Washington que define su trabajo como "periodismo de investigación en temas de interés público".
Ocho por congresista
El Congreso está obligado por ley a presentar informes sobre el trabajo de los cabilderos o lobbistas. Basándose en esa información, el Centro para la Integridad Pública determinó que el año pasado, por cada congresista estadounidense, ocho personas estuvieron abogando por la reforma sanitaria.
Los gastos de cabildeo menores de US$5.000 no son incluidos en la información que se debe proporcionar al Congreso.
"Hay tantos cabilderos porque son muy efectivos. Dinero en cabildeo es uno de los mejores gastos que puede hacer una compañía", aseguró en una reciente entrevista con la Radio Pública estadounidense Melanie Sloan, de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, un agrupación que supervisa el comportamiento gubernamental.
"Ellos están tratando de comprar el mejor acuerdo posible. Intentan asegurarse de que sus industrias se vean lo menos afectadas posible, y en caso de serlo, de que puedan hacer dinero con el nuevo trato", afirmó Sloan.
Apoyos públicos
El Partido Republicano, de tendencia conservadora, está frontalmente opuesto a la reforma que propone Obama, porque considera que aumenta el gasto público, la injerencia del gobierno en el sector de la salud y reduce la competitividad de las compañías.
La Casa Blanca ha tratado de presentar a la oposición como el partido "pro-empresarial" opuesto a los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, en el debate sobre la reforma sanitaria el "interés" de la industria no parece ser uno solo.
Cuando a principios de 2009 Obama presentó su plan, se ufanaba de contar con el apoyo de la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación de Hospitales, y las industrias farmacéuticas y de seguros, todos factores que en el pasado se habían opuesto a cualquier reforma.
Pero una cosa son los respaldos expresados públicamente y otro es el lobby que cada sector ha hecho para defenderse, allí donde consideren que la reforma los afecta.
Por ejemplo, la Asociación Médica Estadounidense trabajó para que se excluyera una provisión que exigía que los doctores pagaran US$300 para participar en el Medicare, el sistema público de salud, o un impuesto a las cirugía cosmética, fondos con los que Obama quería "abaratar" el costo de la ley.
Las aseguradoras presionaron para que se retirara la llamada "opción pública", un mercado especial para que personas de bajos ingresos contrataran planes médicos a un precio más bajo.
Sin embargo, favorecieron la obligatoriedad de asegurarse que tendrán los estadounidenses, porque significa que unos 35 millones de ciudadanos, ahora sin póliza, tendrán que contratar una.
Legal y constitucional
Asociaciones de la salud se han unido al cabildeo para "moldear" la reforma sanitaria. De todos modos, los cabilderos consultados aclaran: "Pese a toda la mala prensa que tenemos, las empresas ejercen un derecho constitucional de reunirse para gestionar ante el gobierno".
Pero una de las quejas de los grupos ciudadanos es que buena parte del lobby se realiza en la sombra, pese a que la ley establece normas para el contacto entre los cabilderos y los congresistas.
Además cuestionan que los gastos menores US$5.000 no sean incluidos en la información que proporciona el Congreso.
Los asistentes a la reciente Cumbre de la Salud, a la que el presidente Obama invitó a una veintena de congresistas de ambos partidos en el último intento por acercar posiciones, recibieron unos US$28 millones para sus campañas de la industria médica, de acuerdo con cifras de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética.
No es algo ilegal. En su campaña presidencial, Obama recibió unos US$19 millones.
Sin embargo, demuestra la dependencia de la clase política estadounidense de quienes son importantes financistas de sus esfuerzos para ocupar cargos de elección pública y cómo deben siempre estar atentos a la voz de quienes potencialmente les aportaran nuevos fondos.
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