En declaraciones que ofreció al periódico Hoy, el cual las publica en forma destacada en primera plana, Bonilla sostiene que el 95% de esos casos han quedado impunes debido a que el sistema de justicia dominicano no está concebido para sancionar el sistema político, el cual “mantiene una gran incidencia” sobre el primero, incluido el Ministerio Público.
“Aunque no quiera decirse, el sistema político mantiene una influencia en el sistema judicial, que comprende jueces, fiscales y organismos de seguridad”, dijo Bonilla, quien ostenta el rango de Procurador General Adjunto.
A juicio del magistrado esa incidencia se ha observado en la Constitución anterior y en la vigente, así como en el momento en que se debatió su reformulación. Por ello sugiere que todo el sistema scea revisado para lograr que cada institución cumpla con sus funciones sin incidir en las de otras.
Indicó que entre los más de 104 mil millones de pesos que han sido malversados se incluyen fraudes que se manejaron en el ámbito privado y pasaron a ser públicos, como los RD$55 mil millones del caso Baninter que, según dijo, por violación a la Ley Monetaria pasaron a ser deuda del Estado dominicano a través del Banco Central.
“Los 55 mil millones del Baninter los vamos a pagar nosotros, porque la autoridad monetaria de entonces violó la ley y estableció que el Estado pagaría eso. Esa es la verdad”, expresó.
Condena a los ‘chiquitos’
Bonilla dijo que el Estado social de derecho tiene una falla de origen que consiste en que los ciudadanos de este país, “no somos iguales”. Aseguró que esa realidad la ha podido comprobar en los seis años que tiene en el organismo anticorrupción.
“Cuando enviamos a los tribunales a un funcionario ‘x’ de menor jerarquía las pruebas son suficientes, los recursos son declarados inadmisibles, cumplen su condena, pero cuando son poderosos no hay forma de condenarlos y ahí están las estadísticas”, precisó.
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