El organismo, creado mediante la Resolución 42 emitida por el procurador Radhamés Jiménez Peña, estará bajo la dependencia de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja, que dirige el procurador adjunto, Frank Soto.
Una nota de prensa destaca que la protección abarcará además de las víctimas y testigos, a los familiares, a quienes el nuevo organismo les garantizará su seguridad. También, se considerarán con fines de protección, previo estudio y verificación, aquellos casos de crímenes horrendos que hayan tenido gran impacto en la sociedad.
“Entre las medidas de protección que tendrá bajo su responsabilidad están la reubicación o alejamiento inmediato de la persona protegida del lugar de riesgo, vigilancia y protección policial en el lugar de alojamiento, instalación de instrumentos de comunicación policial de emergencia, cuando proceda, y medidas de resguardo del testigo en prisión, como en el caso de aislamiento del resto de los reclusos” dice el informe.
Agrega que la nueva dependencia de la Procuraduría, que estará a cargo de Dimercy Ávila Cedano, será además la encargada de recomendar al procurador, por intermedio del director de persecución del narcotráfico, las políticas generales de protección a implementar.
Asimismo, formulará y ejecutará los planes y programas de atención para quienes lo necesiten y dará asistencia técnica a los organismos operativos del programa de protección. Será también la unidad responsable de resolver las solicitudes de incorporación, reincorporación y exclusión de los protegidos.(OF)
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