Declaró que se debe investigar la procedencia del dinero usado por cada uno de los adquirientes.
Miranda Villalona justificó su apreciación en que cada apartamento tiene un valor superior a los 40 millones de pesos y que en una sociedad depauperada como la actual los adquirientes deben justificar con documentos de dónde proceden esos bienes. Además, consideró que deben investigarse a los ingenieros, firmas constructoras y empresas inmobiliarias que participaron de esas y otras construcciones.
Sostuvo que si él estuviera al frente de la investigación "mucha gente estuviera presa".
El director de la Unidad de Anti lavados de Activos de la Procuraduría también cuestionó la eficiencia investigativa de los organismos de inteligencia del país, en cuanto a no determinar a tiempo la procedencia de los recursos que utilizaba el propietario de la torre, Arturo del Tiempo.
Indicó que con todo lo que ha ocurrido alrededor del caso, las autoridades no deben esperar que estalle un escándalo similar para seguir investigando y determinar la procedencia de otras inversiones en el país.
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