SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó el arresto de un supuesto abogado requerido por Estados Unidos para juzgarlo por encabezar una red que introducÃa en ese paÃs indocumentados de Centroamérica y El Caribe, entre ellos menores haitianos.
El detenido fue identificado como Jorge Torres Puello quien se escondía en República Dominicana tras ser detectado utilizando el país como puente para llevar niños haitianos a Norteamérica después del terremoto del 12 de enero, e indocumentados desde El Salvador y Costa Rica, informó este viernes el portavoz de la DNCD en un comunicado de prensa.
Torres, también prófugo en El Salvador y Costa Rica, fue apresado por miembros del Departamento de Investigaciones Especiales de la DNCD.
El imputado, quien además se hace llamar Jorge Torres Orellana, fue arrestado por mandato de la Suprema Corte de Justicia.
“Se le requiere en Estados Unidos para procesarlo penalmente por conspiración para trasladar ilegalmente a extranjeros a territorio de ese país, algunos procedentes de Costa Rica, El Salvador y Haití”, dijo Lebrón.
El arresto fue realizado por agentes de la DNCD, quienes reciben la colaboración de la Agencia para la Migración y Control de Aduanas conjuntamente con oficiales de Migración y Aduanas y de US Marshals, de los EE.UU.
El caso del presunto abogado, de nacionalidad dominicana, salió a relucir cuando autoridades haitianas impidieron hace varias semanas la salida de su país de un grupo de 33 menores con destino a Nueva York, lo que permitió el arresto de un grupo de misioneros que luego fueron liberados por un juez de Puerto Príncipe. El pedido de extradición data del 24 de Febrero de 2010.
Torres, nacido en Nueva York, está dotado de la cédula 001-1608371-8. En el Salvador es reclamado por el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, donde deberá responder cargos por explotación sexual de menores y de mujeres, lo mismo que su esposa Ana Josefa Ramírez Orellana, encarcelada en ese país centroamericano.
De acuerdo a las informaciones facilitadas a la DNCD, dice Lebrón, esa persona obligaba a menores nicaragüenses y dominicanas a prostituirse en El Salvador, lo que movió a las autoridades de ese país a iniciar un proceso criminal en su contra.
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