Dominicanos protestaron contra extradición de traficante de personas

Con pancartas y fotografías del detenido, los manifestantes pidieron la anulación del proceso de extradición frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que el 18 de agosto autorizó que Jorge Aníbal Torres Puello sea entregado a la justicia de Vermont, Estados Unidos, donde es acusado de tráfico de indocumentados centroamericanos desde Canadá en el 2002.

Estados Unidos pidió la extradición, luego de que Torres Puello fungió como asesor de los 10 misioneros estadounidenses encabezados por Laura Silsby que fueron arrestados en Haití cuando trataban de sacar ilegalmente de ese país a 33 niños haitianos poco después del terremoto de enero en ese país caribeño. Los cargos contra Torres Puello en Vermont no están vinculados al grupo de Silsby.

El poder Ejecutivo "no debe emitir el decreto para extraditarme porque primero el tribunal constitucional debe pronunciarse" sobre el fallo de la SCJ, insistió Torres Puello, de 32 años y de doble nacionalidad dominicana y estadounidense.

Ni la Procuraduría General ni la Presidencia de la República han explicado porqué no se ha ejecutado la extradición de Torres Puello tres semanas de que la SCJ emitió la sentencia.

El fallo de la SCJ "es inconstitucional, además de que hay muchas cosas turbias" en el proceso, dijo a la AP Soledad Puello López, madre del detenido.

Además de los cargos en Estados Unidos, el gobierno de El Salvador acusa a Torres Puello por trata de personas. La ex esposa del sospechoso, Ana Josefa Galvarina, fue condenada a ocho años de prisión en El Salvador por complicidad en ese delito.