NAPOLES.- Gobierno italiano aprueba que la inmigración ilegal sea delito. La decisión del Consejo de Ministros de Silvio Berlusconi, establece la inmigración ilegal como un delito.
La decisión fue adoptada durante el primer Consejo de Ministros del nuevo Gabinete de Silvio Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles, que duró cuatro horas.
Se espera que la Ley sea aprobada por vía parlamentaria antes de julio, mes a partir del que la norma comenzará a regir.
El paquete de medidas contra la inmigración ilegal incluye la introducción del delito de inmigración ilegal, con arresto, y la expulsión inmediata si el extranjero ha sido condenado por otras infracciones.
Entre las medidas urgentes que entrarán en vigor inmediatamente a través del decreto ley figuran el aumento de la pena, en un tercio, a los extranjeros ilegales que cometan delitos.
También, los extranjeros con condenas firmes a penas superiores a dos años de cárcel serán expulsados. Y quienes alquilen casas y apartamentos a los indocumentados serán condenados a penas de cárcel y multas que oscilan entre 10.000 y 50.000 euros.
Esta medida contra la gente 'sin papeles' ha sido criticada por la oposición de centroizquierda, y constituye el punto más polémico del paquete sobre seguridad que el primer ministro Silvio Berlusconi presentó al Parlamento.
De hecho, la lucha contra la inmigración ilegal fue una de las banderas de Berlusconi y sus aliados durante la campaña electoral y es uno de los principales asuntos en la vida política italiana desde que el magnate de la comunicación regresó al poder.
Las iniciativas para luchar contra los inmigrantes ilegales incluyen también el endurecimiento de penas para quienes cometan crímenes contra ancianos o minusválidos, normas más duras para los matrimonios mixtos (italiano con extranjero) o la extensión hasta 18 meses del tiempo de detención de los 'sin papeles' en centros de internamiento.
Por ejemplo, la obtención de la nacionalidad italiana a través del matrimonio solo será posible después de que se demuestre que la pareja reside de forma estable desde hace dos años en la península, frente a los seis meses exigidos hasta ahora. "Era necesario garantizar a los ciudadanos el derecho a no tener miedo", dijo Berlusconi, quien se ha servido de ese miedo, precisamente, para ganar apoyos entre los italianos que desconfían de la inmigración.
