El veredicto responde a una solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de juzgar al ex mandatario por conspiración y asociaciones delictivas por lavado de dinero en una corte de ese distrito.
No obstante, la respuesta a la petición de esta fiscalía podría demorar al menos un año, ya que el tribunal determinó que Portillo primero debe ser juzgado en Guatemala por el uso ilícito de unos US$14.7 millones del Estado guatemalteco durante su gestión presidencial entre 2000 y 2004.
La decisión judicial también incluye la negativa de que los bienes del ex mandatario sean embargados "por no haber prueba suficiente de que fueron obtenidos con fondos del Estado".
En los siguientes tres días, el procesado apelará la decisión de extraditarlo. "No nos hemos dado por vencidos", dijo Portillo al final de la audiencia, antes de ser escoltado por 15 radiopatrullas de la policía hacia la cárcel.
El ex presidente se refugió en México entre 2004 y 2009, año en que fue extraditado a Guatemala, donde un juzgado lo dejó en libertad bajo fianza y sujeto al proceso. Portillo fue detenido el 26 de enero tras el pedido de captura emitido por la fiscalía neoyorkina por el lavado de unos US$70 millones (presuntamente fondos públicos guatemaltecos) en bancos de Nueva York y Miami.
Una fuerza especial de tareas comenzó a investigar a Portillo en 2004. En diciembre de 2009, la fiscalía de Nueva York había reunido suficientes pruebas para que una tribunal de esa ciudad ordenara la captura del ex mandatario.
Amenazas
Los jueces que ordenaron la extradición de Portillo recibieron una amenaza anónima contra sus familiares cuando la sesión estaba en progreso.
La persona que telefoneó dijo que "si no suspendían la audiencia en 15 minutos, matarían a los familiares de los jueces".
Enseguida, la jueza Morelia Ríos y los vocales del tribunal se comunicaron con sus familiares para verificar la información.
Telésforo Guerra, abogado del ex presidente, dijo que no eran responsables de las amenazas.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) anunció que investigará su origen.
"Acusación política"
Guerra asegura que el tratado de extradición entre Guatemala y Estados Unidos no incluye el delito de lavado de dinero, aunque la fiscalía y los jueces guatemaltecos están en desacuerdo con este criterio.
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