NUEVA YORK.- El dominicano Humberto PepÃn que enfrenta un juicio federal con la posibilidad de ser condenado a la pena capital por inyección letal, serÃa el segundo criollo en ser ejecutado en la historia migratoria de la comunidad dominicana en Estados Unidos.
El 24 de marzo de 1993 el dominicano Carlos Santana de 40 años de edad, convicto de asaltar un camión blindado que transportaba dinero de establecimientos comerciales a bancos de la ciudad y de asesinar a uno de los guardias de seguridad, fue ejecutado en Texas a pesar de una campaña nacional para que el entonces gobernador George Bush condonara la pena.
A pesar de que en el juicio se demostró que Santana no fue quien apretó el gatillo, el jurado lo declaró culpable de complicidad, conspiración e intención de matar.
La Corte Suprema rechazó una apelación dos horas antes de que Santana fuera inyectado. Fue el reo número 55 ejecutado en ese estado sureño y el 196 desde que en 1976 el tribunal supremo reinstauró la pena capital en Estados Unidos.
“El amor es la respuesta, no el odio”, escribió el quisqueyano antes su muerte en la cámara de ejecución.
Santana participó en el asalto en 1981 contra el camión de la empresa Purolator Armored Inc de Houston, durante el cual murió el guardia Oliver Flores.
Según el expediente los acusados volaron las ventanillas del camión a disparos de las escopetas que portaban y obligaron al segundo guardia a retirarse, llevándose el dinero.
Fueron detenidos a un cuarto de milla de distancia de la escena del atraco una hora después del robo.
Un afroamericano identificado como James Meanes, que fue quien disparó al guardia y exculpó a Santana cuando admitió ser el responsable del homicidio fue ejecutado después del dominicano.
Tras la sentencia y por sugerencias de la activista chicana Teresa Gutiérrez que se puso en contacto con organizaciones dominicanas de Nueva York, se integró el Comité de Defensa a la Vida de Carlos Santana y se enviaron cientos de cartas a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia, al gobernador tejano y al congreso, pero esos esfuerzos resultaron inútiles.
En medio de apasionadas movilizaciones y acusaciones de que la ejecución de Santana tuvo tintes racistas, su cadáver fue trasladado desde Texas al Alto Manhattan, recibido en procesión y miles de criollos concurrieron al templo adventista Broadway para velar sus restos, que fueron envueltos en la bandera dominicana.
No se espera que en el caso de Pepín ocurra lo mismo.
El 16 de marzo de este año el juez que atiende el caso rechazó un pedido del abogado defensor para que el fiscal federal que encabeza la causa del gobierno por homicidios y narcotráfico internacional contra el dominicano, no pidiera la pena de muerte.
El magistrado Jack Weisntein negó la petición, porque el reo no había sido extraditado, sino reapresado en Nueva York.
Pepin Taveras, fue acusado en 1992 de la muerte de dos de sus cómplices en una bande de tráfico de drogas, a los que asesinó y descuartizó y lanzó los restos al río Tibbets Brooks, de Yonkers, un suburbio que colinda con el condado de El Bronx.
Por ese crimen fue acusado en la Corte del condado de Weschester y sentenciado por la jueza Barbara Zambelli. Su presentación en corte ocurrió en julio del 2003, en la que se declaró inocente de los cargos.
Según los federales, otras de sus víctimas fueron el afro americano Jonathan Bandler y el hispano Carlos Madrid, competidores de Pepín en el negocio del narcotráfico.
Madrid, recibió varios disparos mientras ambos realizaban una transacción de drogas en el condado de Queens, y Badler fue encontrado muerto en un apartamento de El Bronx.
El acusado, de 42 años de edad, podría estar conectado con otros crímenes que se investigaron durante varios años, informó en su más reciente edición el periódico The Journal News de Weschester.
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