MADRID.- La Brigada Provincial de ExtranjerÃa y Fronteras de Badajoz de la Jefatura Superior de PolicÃa de Extremadura ha desarticulado a un grupo organizado compuesto por seis españoles dedicado al tráfico ilegal de ciudadanos extranjeros de paÃses latinoamericanos.
Estos ciudadanos eran introducidos en España de manera ilegal mediante contratos de trabajo falsos, según ha informado hoy la Delegación del Gobierno en Extremadura.
La investigación se inició hace varios meses por parte de funcionarios adscritos a la citada brigada, al recibir diferentes informaciones por parte de la comunidad latinoamericana asentada en la ciudad de Badajoz, de la posible existencia de una "red" de inmigración ilegal.
Esta red ofrecía contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros, principalmente procedentes de Colombia y de la República Dominicana, con el objetivo de que pudieran regularizar su situación en España, cobrando los integrantes de esta trama delictiva la cantidad de cinco mil euros por contrato realizado.
Con las investigaciones se consiguió identificar al "cabecilla" de la organización, así como descubrir el "modus operandi" y al resto de los integrantes del grupo organizado.
El "cabecilla" resultó ser el propietario de un quiosco situado en la Avenida de Pardaleras de esta localidad, centro de operaciones de la red, además de varios negocios en la capital.
Esta persona, que responde a las iniciales L.G.M, tiene 32 años y era el principal responsable de la organización, junto a su pareja sentimental, ciudadana de la República Dominicana y nacionalizada española, que responde a las iniciales Y.S.C., de 26 años.
Ambos tenían trabajando para ellos a una ciudadana de la República Dominicana, que responde a las iniciales C.C.R, de 46 años, y un ciudadano español, R.B.B, de 58 años, que eran los encargados de captar a las posibles "víctimas", principalmente de zonas rurales afectadas por la miseria, sin recursos económicos y escaso nivel cultural. Una vez captadas las víctimas, L.G.M o su compañera sentimental contactaban con los "empleadores", C.G.M, J.C.C.P, D.A.N y J.S.A, todos empresarios de Badajoz que formaban parte del grupo organizado y que, a través de sus empresas, eran los que ofrecían el contrato de trabajo para poder iniciar los trámites ante la Subdelegación del Gobierno en Badajoz.
Al llegar a Badajoz, eran recibidos por miembros de la organización, quienes los alojaban provisionalmente y les conseguían trabajos en la "economía sumergida", ya que los puestos de trabajo para los que habían sido contratados o no existían o estaban ocupados.
En el día de hoy los principales responsables de la organización han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Badajoz.
