La Cátedra de Comunicación de UNESCO de la Universidad de Málaga yerra al colocar la República Dominicana en un grupo de países de la región donde “ha desmejorado la libertad de expresión”.
Salvo comentarios aislados de algunos líderes de opinión, esa apreciación no motivó mayores reacciones a nivel local, ni del sector oficialista, la representación de la SIP, ni del CDP, probablemente por el apabullamiento del proceso electoral y el tema político en estos días.
Es evidente que aquí se produjo un juicio desproporcionado. No se hace de ninguna manera un ejercicio equilibrado colocando el país al ras con aquellos sacudidos por asesinatos de periodistas y otras desgracias relacionadas con acciones de conculcación de la libertad de prensa.
Cabría preguntarse cuáles son las cortapisas a la libertad de expresión que motivarían las quejas, luego de conocer cómo la gente tiene la oportunidad de expresar sus opiniones por canales directos como los programas interactivos de radio y televisión, los periódicos digitales y los blogs.
El punto de la participación de los lectores en los medios digitales es particularmente interesante. Los medios que tienen por política no filtrar los comentarios de los lectores, se hacen receptores de expresiones que podrían considerarse “impublicables”, por su carga soez o vulgar, en fondo y forma.
De hecho ese tipo de fenómenos, lo mismo que el llamado periodismo ciudadano y blogs seudo periodísticos, están propiciando una discusión ética en el ámbito del periodismo profesional.
¿Cómo congeniar las amplias posibilidades de libre expresión ciudadana de la Internet con un ejercicio periodístico profesional responsable?
¿Los medios digitales deben publicar las opiniones de los lectores tal y cómo éstos las remitan?
¿Si ejercieran algún tipo de filtro aún fuera solo de forma, estarían violando la libre expresión?
¿Un espacio informativo sostenido por un ciudadano (blog) está en igual calidad que los medios profesionales para servir información con veracidad y credibilidad?
El debate tiene mucha vigencia a nivel de los medios norteamericanos. Es que el periodismo digital requiere aún de mucho academicismo y conceptualización, porque indiscutiblemente plantea desafíos distintos.
Retomando el punto de origen, en la nota sobre la calificación emitida por la Universidad de Málaga, no se especificó sobre las premisas que asentaron la misma.
Si acaso pudiera haber sido la negativa de la OPRET para entregar a Huchi Lora los planos del Metro, la sentencia amparándolo lo desmontaría. El sistema funcionó y un organismo oficial tuvo que cumplir con el estamento legal garante del acceso ciudadano a la información pública.
En general, la realidad dominicana no concuerda con la apreciación servida desde Málaga, aunque ésta es útil como oportunidad para plantear enfoques novedosos en la discusión de la libertad de expresión en el país.
La UNESCO también tiene una Cátedra de Comunicación en el país, asentada en la PUCMM, que en oportunidades anteriores ha debatido sobre libertad de expresión. Sería productivo que propiciara algún foro sobre el mencionado estudio.
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