Estatuido por la acción combinada de los artículos 23 (numeral 4) y 26 de la Carta Magna vigente, el juicio político (sin dudas inspirado entre nosotros en el “impeachement” norteamericano) en general es una importante herramienta constitucional para sancionar la “mala conducta” y las “faltas graves en el ejercicio de sus funciones” en que pudieran incurrir “los funcionarios públicos elegidos por un período determinado”.
En el caso de la Cámara de Cuentas, el escrutinio político procede ante la decisión acusatoria de la Cámara de Diputados no sólo por el hecho de que se trata de funcionarios públicos designados en virtud de elecciones de segundo grado “por un período determinado”, sino también porque así lo prescribe el artículo 14 de la Ley 10-04, de fecha 20 de enero de 2004 (Ley de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana).
En principio, no podemos por menos que aplaudir las actitudes asumidas hasta ahora ante este caso por los legisladores (deplorando, desde luego, que haya familias dominicanas cuya tranquilidad resulte violentada por ello mismo), sobre todo porque, como ya se insinuó, pudieran ser el inicio de una política definida de responsabilidad y rigor frente a las actuaciones éticamente reprobables o inconsistentes con la ley de los funcionarios públicos.
Y más aún: habría que agregar, a ese respecto, que si, como ha advertido alguien con cierto dejo de pasmo y temor, el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas abre “una caja de Pandora”, pues que bienvenida sea. En materia de institucionalidad, transparencia, lucha contra la corrupción y respeto a la ley, eso es justamente lo que necesitamos para que la nación avance y se afiance como Estado moderno.
Por supuesto, un elemental sentido de la justicia tiene que conducirnos a no obviar el hecho de que si bien parece evidente (a la luz de las revelaciones contenidas en el informe conocido por la Cámara de Diputados) que varios de los miembros de la Cámara de Cuentas son culpables de las preimputaciones ya conocidas, hay otros (una minoría, claro) que aparentemente se desligaron de las actuaciones cuestionadas en el momento mismo en que éstos se llevaban a efecto.
Tal circunstancia, obviamente, aunque no libera a esos funcionarios de la “responsabilidad política compartida” por los hechos en cuestión (porque debieron hacerlos de conocimiento del Senado de la República en su momento y por escrito), sí debe constituirse en un elemento de distinción y separación en lo concerniente a los niveles personales de culpabilidad frente a los mismos. Es, valga, la insistencia, un asunto de simple justicia, al margen de que a la postre sean separados o no de sus cargos (o de que tomen el camino del honor y renuncien).
Naturalmente, también para ser objetivos y no incurrir en candideces, finalmente hay que llamar la atención sobre otra singular circunstancia: el aparataje escrutador y crítico respecto a la Cámara de Cuentas (justo y plausible, por lo demás) se ha armado precisamente en el momento en que al gobierno del presidente Leonel Fernández, cercado e impotente como está por los efectos financieros de los desmanes de la campaña electoral y las crisis petrolera y alimentaria mundiales, le conviene no sólo un poco de circo para ganar tiempo (ya que pan no hay) sino que, al mismo tiempo, rueden algunas cabezas de su rebaño a los fines de tratar de salvar algo la cara ante una opinión pública cada vez más sañuda.
¿Coincidencia o “avivatada” política? Una vez más, sólo tiempo podrá decirlo. No obstante, conociendo las destrezas del gobierno del PLD en asuntos relativos al manejo de los medios de comunicación y la opinión pública, da “brega” no quedarse con la duda.
