Sin lugar a dudas, visitas que fueron aquilatas de agradables y bienvenidas, pues éstas no fueron de placer sino de trabajo y recomendaciones, a la luz de los efectos de los altos precios de los combustibles y alimentos en el entorno mundial.
La CEPAL entregó al país la síntesis del estudio “La República Dominicana en 2030: hacia una nación cohesionada” dentro del marco de su trigésimo segundo período de sesiones celebrado en Santo Domingo.
Unos días más tarde, la misión del FMI, sostuvo reunión de trabajo con el equipo económico y el presidente de la Republica Dominicana.
La CEPAL, nos dejó una receta económica para el largo plazo contentiva de planes en lo social, económico y político. Destacando que la Republica Dominicana tiene una baja presión tributaria con respecto a los demás países del área, entre otros temas no menos importantes. Opinión que fue desmentida por instituciones empresariales del país.
Mientras el FMI destaca, que para atenuar la presión inflacionaria y el déficit de la cuenta corriente externa, se requiere la aplicación de una política monetaria lo suficientemente restrictiva para poder contener en forma sostenida la inflación y las expectativas inflacionarias.
Las autoridades monetarias financieras del país de manera rauda y veloz, sin reflexionar, sin analizar, sin sopesar, sin medir las consecuencias sociales adversas que tendrían para el país, comienzan desde ya a poner en práctica dichas recetas.
Como corolario, la Junta Monetaria resoluta el pasado jueves 26 del mes en curso, que el 2% del encaje legal que los bancos múltiples y comerciales mantienen en sus bóvedas, debe ser depositado en el Banco Central de la República Dominicana, adicional al encaje que éstos mantienen en dicha institución rectora de la política económica.
Una empresa se financia regularmente con capital a largo plazo (préstamos, emisiones de: bonos, papeles comerciales, letras hipotecarias, entre otros) y capital accionario o propios (acciones preferentes, comunes y utilidades no distribuidas).
Pero estos financiamientos tienen un costo de capital, es decir, los intereses que dichas instituciones deben pagar por el uso de dichos fondos tamados en préstamos.
El costo promedio ponderado de los referidos financiamientos, debe ser menor a la tasa interna de retorno o, rendimiento que las empresas deben obtener al realizar sus actividades productivas. De no ser así, los agentes económicos estarían trabajando para estar cansados o, simplemente por amor al arte.
De forma tal, que una empresa no debe operar por debajo de su punto de equilibrio y, si lo hace de manera sostenida, decreta automáticamente su desaparición en el tiempo.
En ese sentido, llamamos la atención a las autoridades económicas financieras del país, para que eviten caer en los extremos al momento de aplicar políticas económicas de mercado abierto (ventas de dólares, emisión de certificados financieros, aumento de encaje legal y tasas de créditos), dictadas por organismos externos sin medir los efectos negativos que tendrían en los sectores productivos y sociales de la nación.
