Ciertamente, el país pudo observar, expectante, el show lamentable que supuso aquel impresionante desfile de oratoria de la mala, intentos de justificación y mea culpas que, en algunas ocasiones, parecía desviarse de su propósito original y degenerar en una plática entre contertulios distraídos.
Las exposiciones de algunos de los enjuiciados en particular, en las que por desventura incurrieron reiteradamente en elementales contradicciones de fondo e infantiles vueltas de tuerca de la retórica, muchas veces también amenazaron con transfigurarse en penosos ejercicios de incompetencia profesional e irresponsabilidad administrativa.
Uno de los miembros de la Cámara de Cuentas dedicó su presentación básicamente a demostrar que él fue víctima de una conspiración que concluyó en un apandillamiento cotidiano que le impidió ejercer a plenitud su autoridad, no obstante que una semana antes había retirado expresiones similares (emitidas en foro abierto y por escrito) en el marco de un pacto público con sus contradictores. Su defensa, pues, se basó en la impotencia y en la culpa ajena.
Otro de los miembros se defendió, por conducto de un discurso desarticulado e incoherente, esgrimiendo su amplio historial como funcionario público, y luego de colmar de elogios al hombre que semanas antes había cuestionado en una filípica que calzó con su firma, terminó haciendo profesión de fe pública de amistad y respeto hacia a él. Es decir, sus alegatos se basaron en la retractación y el olvido.
El tercer miembro que compareció, por su parte, intentó excusarse a partir de la increíble alegación de que desde el principio hubo “dimes y diretes” en razón de que los integrantes del pleno de la Cámara de Cuentas eran “todos profesionales estrellas”, y que, por ello mismo, resultaba natural que discreparan. Cifró su defensa en divagaciones elementales e increíbles vacuidades de pensamiento.
Pero hubo un miembro, por suerte, que aunque recurrió al manido método de la descalificación y el ataque (negó facultad constitucional y legal a la Cámara de Diputados y al Senado para enjuiciarlo), enrostrando su hombría y defendiendo su derecho a aplicar el criterio de “oportunidad” para ejercer las funciones que le atribuían la Carta Magna de la nación y la ley 10-04 del 23 de enero del 2004, siempre lució impertérrito. En general, y esto es loable, basó su defensa en la legalidad y en sus creencias.
El autor está obligado a decir, desde luego, que hacía mucho tiempo que no era testigo de una presentación pública en la que la verdad fuera objeto de tantos movimientos de trapecio, retorcimientos, sinuosidades y acomodaciones. Esto es: la verdad monda y lironda, la de que todos los miembros de la Cámara de Cuentas violaron aspectos esenciales de la normativa legal y las preceptivas éticas inherentes a su condición, pero que unos eran más culpables que otros. Es obvio que, en cuanto a las derivaciones finales, el texto constitucional en este aspecto no es justo.
Por otra parte, en la fase deliberativa del juicio, resultó sorprendente ver a varios senadores, luego de pronunciar largas peroratas repletas de verbosidades y disgregaciones, declararse virtualmente indecisos ante el desafío que tenían por delante. Es más, hubo un momento que uno de sus colegas llamó la atención sobre la posición “tipo mecedora” que aquellos habían asumido.
Como contrapartida, no obstante, fueron muy reconfortantes y responsables las exposiciones hechas, entre otros, por los senadores de Peravia, Dajabón, Monseñor Nouel, Espaillat, Barahona y el Distrito Nacional, pues jamás se apartaron de los fines del juicio y, pese a reconocer que los niveles de inconducta de los miembros de la Cámara de Cuentas no eran uniformes, asumieron su responsabilidad histórica en los radicales términos previstos por la Constitución de la República.
Eso si, que conste: muchos nos quedamos con la impresión de que si la casi totalidad de los miembros de la Cámara de Cuentas no hubiese a la postre presentado su dimisión, algunos de los senadores probablemente habrían quedado mal ante el país y sus electores, pues ya se sabía que estaban sugiriendo “sotto voce” aplazar por unos días el juicio para, talvez, esperar las órdenes políticas “superiores” que aparentemente nunca llegaron.
Por fortuna, empero, la parte más dolorosa de este deprimente proceso quedó fuera del alcance del morbo público: la mortificación de las familias, el tormento moral de los relacionados y las horas de agonía tanto de los renunciantes como de los enjuiciados, que seguramente han causado heridas espirituales cuya cicatrización sólo podrá ser obra del tiempo. Esto es deplorable, claro está, pero es el riesgo inherente al desempeño de la función pública.
De todos modos, y sin desdecir de todo lo dicho, hay que aplaudir, pues en esta ocasión, a no dudar, ganó la institucionalidad…
