No cuestiono para nada los objetivos de la concesión: terminar una obra en tiempo óptimo sin comprometer fondos del presupuesto que pueden emplearse en otras soluciones, y en este caso concreto, darle mayor seguridad y fluidez al tránsito en la región oriental del país, lo que a su vez tendría un retorno económico y social, ampliamente beneficiosos.
Nuestra debilidad reside en que al suscribir contratos se entiende que es suficiente la revisión jurídica, y resulta que los que han sabido cambiar espejitos por oro, suelen ocultar el veneno en fórmulas aparentemente inofensivas, que si no son examinadas con lupas por especialistas dejan enlazado por el cuello al más astuto.
El contrato estipula que la obra de realizaría con un 20% del financiamiento aportado con los fondos de los accionistas de a empresa concesionaria; un 20% de los ingresos provenientes del cobro del peaje y un 60%, procurado en financiamiento internacional, y como la propia administración de Obras Públicas que suscribió el acuerdo empieza a observar que la empresa beneficiaria es sumamente ágil y eficiente al cobrar y disponer el gasto del 100% de los ingresos del peaje, violando lo aprobado, pero que es sumamente tímida al procurar la inversión de debería salir de sus propias arcas, empieza un pulso de disgustos, que debió haber conducido a la rescisión del contrato.
Era requisito para la gestión del préstamo que Obras Públicas gestionara la designación de un representante del Estado, pero el titular del momento, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se resistió a procurar ese aval, probablemente percatado de que esos “inversores”, no procuraban otra cosa que la cuchara grande.
Hubo cambio de gobierno y cambio de la suerte de la concesionaria: Obras Públicas gestionó ante el presidente la representación del Estado en la concesión, y les reconoció a los “inversores” los niveles de pérdidas más extraño del mundo.
El asunto es tan fantástico como lo fue en nuestro país la quiebra de una mina de oro. Una empresa que a lo único que se ha dedicado es al cobro de un peaje en el que no invirtió un centavo, alega pérdidas porque estaba recaudando menos de lo proyectado.
Es que el artículo 4 del contrato establece que “el importe de los peajes se revisará anualmente, el 1 de cada año, y tendrá como fundamento exclusivo la modificación de los precios medida por la variación del índice de precios al consumidor (en adelante IPC), salvo que antes de finalizar el año ya se haya producido un incremento del 7% o más, en cuyo caso la revisión se realizará al alcanzar a superar dicho valor, sin perjuicio, si así lo solicitara la sociedad concesionaria, de la revisión anual por la diferencia al terminar el año natural”.
Avalada en ese artículo la concesionaria recibe la totalidad de lo que se recauda con un peaje a 30 pesos, y le añade para calcularlo como pérdida los recursos que debió de recibir por el incremento del índice de precios al consumidor, y posteriormente presentarse a reclamarlo ante la secretaría de Obras Públicas. Arrancaron en febrero de 2003 reclamando una supuesta deuda por ingresos perdidos de 1,582, 481, pesos dominicanos que a mayo del 2005, era de 415,949.575.
La concesionaria también reclama el pago de los ingresos de dos peajes inexistentes porque no se han construido, el de San Pedro y el de La Romana, pero como el Estado no ha apropiado los terrenos para edificarlos, eso no es problema de esa empresa, que el de ella son sus cuartos aunque no haya invertido un chele.
Y como en este país de indios con taparrabos aparecen funcionarios espléndidos con el patrimonio público, a esos señores se les reconoció esa deuda y los intereses que genere, y se les aprobó un denominado peaje sombra de 17 millones de pesos mensuales. Es decir que además de cobrar el peaje y de servirse del 100% para gastos en una obra que al ritmo que lleva estará terminada en 50 años, pueden presentarse en Obras Públicas a procurar un jugoso complemento.
La fiesta, sin embargo, parece que ha hallado fin. Llora ante la presencia de Dios, que el Gobierno mantenga una concesión que se lleva a cabo con fondos de los contribuyentes al ritmo que fluyan esos recursos, pero que además se endeuda sin que los supuestos inversores arriesguen nada. Un contrato no debe ser desconocido en forma unilateral, pero un país no se desmerita por no dejarse engañar.
*(Reproducido de El Nacional)
