Aunque el conflicto no es nuevo, pues data ya de más de 3 años desde que la Chevron decidió implementar un programa de optimización cuyos objetivos según alega son lograr mayor eficacia, seguridad, confiabilidad y protección al medioambiente; la actitud invariable del Gobierno ha sido de proteger los intereses de transportistas y choferes por encima de los contratos, la Constitución y las leyes.
Por eso, la solución que se le dé a este caso trasciende la esfera del conflicto particular entre una empresa distribuidora de combustibles y sus transportistas, puesto que se trata del choque entre el contrato que es la ley entre las partes, la ley, la Carta Magna y las sentencias emanadas de los tribunales versus la protección de intereses particulares que no pueden estar por encima de la ley en un Estado de Derecho.
Si este caso se estuviera examinando como lo que es, un conflicto entre dos empresas privadas, probablemente que la solución definitiva o ya habría sido alcanzada o se estaría próximo a alcanzarla dentro del ámbito judicial o mediante una transacción entre las partes.
Sin embargo, la intervención de las autoridades ha retardado su solución, habiendo incluso las mismas solicitado a la Chevron la postergación de su plan de optimización hasta el 2013.
Conscientes de que sus alegatos no resistirían una sana aplicación del Derecho, los empresarios del transporte y choferes, bajo el manto protector de sus supuestos sindicatos, han decidido apelar a la fuerza y hasta el chantaje para impedir que la Chevron pueda ejercer libremente su actividad comercial.
La Chevron, en una acción que merece ser emulada, decidió defender sus derechos por ante el órgano que constitucionalmente tiene esta facultad, esto es el Poder Judicial, elevando una acción de amparo por ante el tribunal competente, el cual ordenó a la ATP y la Sactpa el cese inmediato de las acciones que están “entorpeciendo la libertad de tránsito, la libertad de empresa, comercio o industria de la compañía Chevron” de forma que se restituyan sus derechos a que sus camiones transiten libremente hacia la Refinería y circulen de forma segura a nivel nacional.
No obstante esta orden judicial de ejecución inmediata, el Gobierno ha decidido seguir interviniendo en este conflicto privado, esta vez a través del propio Presidente de la República, quien logró no que los transportistas y choferes acataran la sentencia, sino que aceptaran levantar provisionalmente sus acciones en base a promesas de privilegios; habiendo llegado los sindicalistas al extremo de manifestar que no pagarán la penalidad ordenada por el tribunal por cada día de retardo en la ejecución de la decisión.
Ante estos hechos, todos los ciudadanos deberíamos exigir que se termine de una vez por todas con la protección de estos “intocables” que a pesar de que sólo defienden sus intereses particulares se les ha permitido colocarse por encima de la ley y la justicia, lo que resulta impensable en un Estado que pretenda ser de Derecho.
