Santo Domingo. Rep. Dom. - 24 de Julio 2014
Opinión
20 Octubre 2008
El sicario Medina Abud y sus andanzas en Santiago
Por: Por Rafael G. Santana*


Esto parece que molestó al fiscal Raúl Martínez, y al mayor Frederick Medina Abud, que comandaba dicha dependencia. El fiscal Martínez le hacia la vida imposible a los diferentes comandantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a quienes calificaba de corruptos y afirmaba que él no trabajaría con ellos. Luego del despliegue que le dieron los periódicos a la situación planteada por mí entre un grupo de policías, algunos de ellos que tenían relaciones conmigo, me comunicaron en discreción que Medina Abud expresó que “a Santana hay que darle para abajo”, enunciado que en la jerga de los sicarios quiere significar que es preciso asesinar a alguien. Esa misma semanas comenzaron a aparecer vehículos sospechosos en los alrededores de la zona donde resido. Ante esta circunstancia adopté medidas de seguridad comenzando por la identificación de las placas de dos de los vehículos, uno de los cuales era de la provincia Santiago  Una de mis fuentes  me llamó para advertirme que cuatro hombres con chalecos anti-balas y armas largas habían preguntado si en ese edificio vivía un periodista. Puse la situación en conocimiento de algunos amigos policías y militares lo que estaba sucediendo y estos se pusieron en movimiento haciéndole saber a Medina Abud que cualquier cosa me pasara toda la fuerza que ellos representaban se dirigirían hacia él y que cuidara de que no ocurriera nada. Puede que por esa acción solidaria, fuerte y firme pueda narrarle a usted, los peligros que enfrenté por cumplir mi misión de asesor de drogas del Senado de la República. Los dejo ahora con el relato de aquel hecho. La unidad antinarcóticos de la Fiscalía de Santiago no está facultada por la ley 50-88 para operar en la represión, investigación y sometimiento a la justicia de personas que consuman o trafican con estupefacientes. Es sumamente grave que ciudadanos de Santiago denuncien que son maltratados y sus bienes incautados son usados por los integrantes de esta unidad comandada por el mayor PN Frederick Medina Abud, que fue sacado de la Dirección Nacional de Control de Drogas por orden del vice-almirante Iván Peña Castillo, por violar normas y principios de esa institución. Lo peor de todo, es que la referida unidad apresa, realiza operativos e investiga. Los vehículos son usados por los asistentes del fiscal Raúl Martínez. Una jeepeta Terios incautada de color morado fue pintada de azul por un asistente del fiscal Martínez, de apellido Nuñez. El señor Constantino Carela Marte, fue dejado en libertad luego de incautarle 200 miligramos de cocaína y le entregaron la jeepeta marca Honda CRV placa G-022463.  Esta unidad antinarcóticos de la fiscalía de Santiago viste uniforme negro igual que la DNCD, lo cual puede crear confusión. La ley 50-88 autoriza a la DNCD y el Comité de Bienes Incautados la custodia hasta que exista una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. El doctor Francisco Domínguez Brito está en el deber de cumplir la ley 50-88 haciendo prevalecer el Artículo 10 en las letras B.C y E. El Artículo 10 expresa: se crea bajo dependencia del Poder Ejecutivo la Dirección Nacional de Control de Drogas –DNCD-.  Esa Dirección Nacional de Control de Drogas tendrá como objetivos principales prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en todo el territorio nacional como internacional. El inciso C especifica que las labores de investigación y preparación para sometimiento a la justicia de aquellas personas físicas o morales violadoras de la presente ley de Drogas y sustancias controladas de la República Dominicana que operan tanto a nivel nacional como internacional.  La letra E dice que la DNCD tiene bajo su responsabilidad el decomiso, incautación y custodia de los bienes y beneficios derivados del tráfico ilícito, hasta tanto pese sobre estos sentencia irrevocable y definitiva. Estamos frente a la violación de una ley aprobada por el Congreso Nacional, uno de los poderes del Estado Dominicano, y promulgada por el Poder Ejecutivo. Nadie puede legislar ni crear dependencias en la administración pública por encima de lo que dice y manda una ley. En consecuencia, el Procurador General de la República, doctor Domínguez Brito, debe suprimir de inmediato la Unidad antinarcóticos de Santiago, investigar las denuncias de los ciudadanos maltratados y proceder contra el asistente del fiscal de apellido Núñez, que usa una jeepeta incautada, o cualquier otro miembros que use bienes de personas detenidas por ser contrario al estamento jurídico de la lucha contra las drogas y sustancias controladas en la República Dominicana. Invitamos a las personas que han sido maltradas y que tienen bienes incautados de manera ilegal por la llamada Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía de Santiago que comanda el mayor Medina Abud a hacer llegar las documentaciones y quejas a la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa Nacional del Senado para darle el curso legal correspondiente.Santo Domingo, DN13 de marzo del 2006 Estos reclamos molestaron a Medina Abud, que emitió la sentencia de "darle para abajo a Santana", y al fiscal Martínez, y que llegó a decir que “Santana es un agente de la DNCD que lo mandó a decir eso”. Nadie, absolutamente nadie,  influye en mí a la hora de asumir una posición como ciudadano y periodista en ejercicio pleno de mis derechos constitucionales. La Biblia dice que hay tiempo para llorar, reir y reflexionar. Todo a su tiempo, porque el tiempo es el testigo mudo de la historia. Por eso les hago esta historia.
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