Santo Domingo. Rep. Dom. - 30 de Agosto 2014
Opinión
04 Abril 2009
Asambleas Constituyente, Revisora y Nacional: diferencias esenciales
Por: POR LUIS R. DECAMPS*


En principio, dado su carácter de reunión fundadora de la institucionalidad, la Asamblea Constituyente es la de mayor jerarquía, y en términos históricos originalmente se instala como centro de laborantismo para la confección y redacción de la primera Constitución de un Estado tras una convocatoria al pueblo para la elección directa de representantes que deberán reunirse en una fecha determinada y dentro de un plazo establecido con ese propósito único y taxativo. 

No obstante, a partir de los parámetros generales reseñados, la Asamblea Constituyente se ha convertido en una figura político-institucional de vida recurrente aunque cíclica, y nada ha obstado para que se reúna, bajo otras circunstancias y con protagonistas distintos, cada vez que un mandato constitucional o legal sustantivo lo paute: también puede ser convocada cada vez que se pretenda “refundar” un Estado por conducto de la superación del texto constitucional vigente y, por consiguiente, de la redacción de uno nuevo.

En otras palabras, luego de la erección oficial de un Estado la Asamblea Constituyente es el órgano constitucional no permanente, de carácter ampliamente deliberativo y soberano, que se forma con la reunión solemne de los representantes elegidos por el pueblo exclusivamente para que redacten y voten una Constitución en razón de que se desea sustituir por completo o de manera parcial la que se encuentra en vigencia en ese momento. Lo que distingue a este tipo de asamblea es que ejerce, en nombre del pueblo, lo que el abate Sieyés denominó el “poder constituyente”, es decir, la autoridad plena y soberana para constituir o reconstituir un Estado. 

En el caso de la República Dominicana, como es harto conocido, la Constitución de julio de 2002, vergonzoso remiendo vigente de la noviembre de 1966, no contempla la figura de la Asamblea Constituyente, lo que indica que sus redactores (a los que, naturalmente, no se les puede suponer ignorancia sobre el tema) expresamente excluyeron la idea de que ella en algún momento pudiese ser objeto de una abrogación o sustitución total, acaso en atención a los deseos de su principal ideólogo y promotor, el doctor Joaquín Balaguer. 

Por su parte, la Asamblea Revisora (que puede tener éste o cualquier otro nombre) es habitualmente un órgano constitucional no permanente (de carácter deliberativo y resolutivo) que se forma con la reunión de diputados y senadores (es decir, de representantes elegidos para desempeñar fundamentalmente funciones de carácter legislativo y de fiscalización estatal) que han sido convocados para modificar parcialmente la Constitución, y cuyo potencial de decisión reside en que están empoderados para tales fines, de manera accesoria respecto de sus roles medulares, por la misma Carta Fundamental, una Ley Orgánica o una Ley Especial Habilitante.

La característica esencial de la Asamblea Revisora es que, al no ser depositaria directa de la voluntad popular en lo atinente a sus funciones (sino que, como ya se expresó, únicamente ha resultado “habilitada” por el texto constitucional o una ley, es decir, de manera indirecta), tiene poderes limitados y, subsecuentemente, sólo puede hacer los tipos de cambios a la Constitución que están expresamente pautados en ésta última, en una Ley Orgánica o en una Ley Habilitante (y siempre con base en procedimientos rigurosamente descritos y especificados). Si la Asamblea Revisora desborda esos límites, incurre en una usurpación del poder constituyente que bien podría dar lugar posteriormente a un proceso legal o factual de deslegitimación de su labor.

(En nuestro caso, siguiendo la lógica de lo dispuesto por los artículos 117 y 118 de la Constitución de julio de 2002, puede inferirse la intención de consagrar a la Asamblea Revisora como mecanismo único de reforma o modificación constitucional, aunque literalmente se habla de Asamblea Nacional de modo reiterativo. Esta confusión conceptual, desde luego, es vieja en nuestros textos constitucionales, y lo curioso es que precisamente ahora, por el sesgo tomado por los debates sobre la reforma, es que podría dar a pie a un celemín de interpretaciones adicionales en torno a su verdadera capacidad constitucional para la transformación o el cambio).  

Esa es la razón esencial por la que las modificaciones que la Asamblea Nacional (asimilada como Asamblea Revisora) puede hacer al texto constitucional deben ser previamente consignadas en la ley que la convoca. Por supuesto, hemos de insistir en que la ausencia de la figura de la Asamblea Constituyente en nuestra Constitución no debió dar pié a la idea de que estábamos obligados a convocar a una Asamblea Nacional (o Asamblea Revisora) sin importar la magnitud de los cambios que se pretendían hacer a la Carta Magna sino que, por el contrario, debió empujarnos a la convocatoria de una consulta popular directa (tipo referéndum), previa ley al efecto, para crear y reunir una Asamblea Constituyente.     

Finalmente, la Asamblea Nacional es normalmente un órgano constitucional no permanente que, siendo unas veces deliberativo y otras veces puramente contemplativo, se constituye específicamente para ocasiones solemnes con una agenda restrictiva e inviolable con la presencia de los legisladores o, cuando se trata de congresos bicamerales, con la sesión conjunta de los dos cuerpos legislativos (habitualmente Cámara de Diputados o de Representantes, y Senado o Cámara Alta).  

En la República Dominicana, de acuerdo con el artículo 27 de nuestra Carta Sustantiva, la Asamblea Nacional se forma con la reunión solemne y conjunta del Senado y la Cámara de Diputados en un recinto único “en los casos indicados por la Constitución”. De conformidad con el artículo 35 de nuestro documento constitucional, el presidente del Senado presidirá la Asamblea Nacional, y el presidente de la Cámara de Diputados ejercerá la vicepresidencia. 

En realidad, la Asamblea Nacional ordinariamente sólo se reúne con la finalidad de “examinar las actas de elección del Presidente y del Vicepresidente de la República, proclamarlos y, en su caso, recibirles juramento” (el día 16 de agosto) al inicio de cada cuatrienio (artículos 36 y 50 de la Constitución), ya que la recepción de la rendición de cuentas (el 27 de febrero, al iniciarse la primera legislatura de cada año) el texto constitucional se la atribuye no a aquella sino al Congreso Nacional (numeral 22 del artículo 55). Extraordinariamente, sin embargo, la Asamblea Nacional se reúne para aceptar o rechazar la renuncia del Presidente y el Vicepresidente de la República (artículos 36, parte in fine, y 57) o, si éstos faltaren definitivamente, para elegir un nuevo Presidente (artículo 60).

Muy a despecho, pues, de que a veces la falta de rigor conceptual tiende a crear confusiones entre ellas (y hasta con la noción y la figura de Congreso Nacional), las diferencias entre la Asamblea Constituyente, la Asamblea Revisora y la Asamblea Nacional, a la luz de la tradición constitucional en la que nos acunamos como Estado y de las disposiciones de nuestra actual Carta Magna, son más que evidentes.

De nuevo, el autor de estas líneas no hará comentario alguno…Saque usted sus propias conclusiones.

 

lrdecampsr@hotmail.com
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