La Constitución establece la reelección indefinida encubierta

Más que parir una Carta Magna reforzadora de los derechos civiles y humanos, apuntaladora de la democracia y la modernidad del Estado, la reforma constitucional impuesta está supeditada a la estrategia de poder del partido oficial y su presidente, el Dr. Leonel Fernández.

El nuevo texto continua dándole al Poder Ejecutivo facultad para nombrar desde un Ministro de Estado, cuando viceministros así quiera, hasta el portero de cualquier dependencia oficial, manteniéndose como el principal empleador de un país agobiado por la pobreza y donde el asistencialismo se expresa como parte de la cultura poblacional.

El nuevo texto mantiene una inequívoca preponderancia del Ejecutivo ante los otros poderes del Estado, en cuanto a la designación e integración del Consejo Nacional de la Magistratura, quien a su vez tiene la facultad para integrar el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior electoral.

Se asiste a una contra-reforma constitucional al restablecer la reelección indefinida encubierta, mediante el sistema de hoy no, mañana si, o sea al permitir postularse de nuevo a quien haya sido presidente, siempre y cuando permanezca un cuatrenio fuera. Esto fue el producto de un pacto de dos líderes políticos que aspiran a gobernar el país, alternándose ellos mismos.

En nada contribuye al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo de los liderazgos locales y el poder municipal, volver a unificar las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales, ya que se regresa a los viejos tiempos del arrastre antidemocrático fortalecido por el uso abusivo de los recursos del Estado y las comprobadas carencias éticas de nuestra clase dominante que les llevan a cometer todo tipo de tropelías, trampas y fraudes para imponerse en los procesos electorales.

Constituye un retroceso el sujetar el uso de nuestras playas, ríos, aguas y lagos a un elemento extraño a la soberanía del pueblo en esa materia, que lo constituye la propiedad privada.

El nuevo texto coloca a la República Dominicana como una de las pocas naciones del mundo, donde constitucionalmente se prohíbe interrumpir un embarazo. En su Artículo 30, el texto establece que desde el momento de la concepción hay vida y que, por tanto, tiene que ser respetada, sin importar que la madre peligre durante el embarazo ni la circunstancia en que se produce.

En materia de nacionalidad al negar el derecho a la misma a los descendientes de personas indocumentadas, la República Dominicana asume uno de los valores esenciales de la visión conservadora, visión muchas veces aderezadas de xenofobia. Con esta decisión constitucional se mantendrá como apadrina a un elevado numero de descendientes haitianos nacidos en el país y a miles de hijos e hijas de dominicanos que carecen aun de una documentación legal.

De igual manera, en su artículo 18 restringe los derechos ciudadanos de los dominicanos emigrados que han adquiridos otra ciudadanía, toda vez que requerirá de estos renunciar a la adquirida en caso de pretender optar por una posición electiva en su país de origen.

Por demás, el nuevo texto “aniquila el poder constituyente del pueblo, sustanciado en el Art. 2, al otorgarle capacidad a la Asamblea Nacional para conocer los diferentes tipos de modificación constitucional”, tal y como señala el juicioso jurista y profesor universitario Luís Gómez Pérez.

Por la magnitud de las sombras que arropan la nueva Constitución, sus puntos luminosos se atenúan, con la agravante de que no se supo aprovechar la oportunidad que brindo el debate generado para poder parir una Constitución que se asemejara a la progresista y democrática Constitución del 1963, que hizo posible el Profesor Juan Bosch y su partido de entonces, el Revolucionario Dominicano (PRD).