Cierto, algunos funcionarios gubernamentales lo aplaudieron. Tal fue el caso del Jefe de la Policía Nacional. De manera bien elegante, el general Guzmán Fermín, lejos de protestar por la forma en que el reporte anual se expresa respecto a los miembros del cuerpo del orden, con sus ejecuciones extrajudiciales y hasta golpizas, tomó principalmente su aspecto positivo: el número de muertos a manos de la institución ha disminuido, al pasar de 455 (en 2008) a 346 (en 2009), y el empleo de “fuerza letal” injustificable contra presuntos delincuentes disminuyó en cerca de un 25% de posibles casos.
A decir de algunos comentaristas, más que deferente o diplomático, el Jefe de la Policía hizo bien en “bufear” a los burócratas responsables de ofrecerle al país “palo si boga y palo si no boga”. Al fin y al cabo, “con los norteamericanos no se puede estar nunca bien, pues cuando no es una cosa, es la otra”.
Pero con menos sentido del humor, otros funcionarios gubernamentales alzaron el sable en son de protesta. Advierten así, a quien quiera oírles, que el gobierno de Estados Unidos carece de calidad jurídica e incluso moral para enjuiciar a la humanidad, --la dominicana incluida-, sobre conductas anti democráticas, atropellos a uno y a otro derecho del hombre y de la mujer, así como actos de violencia, de corrupción y demás aberraciones por ellos reportadas comenzando por el trabajo infantil y terminando en el narcotráfico.
Entre estos funcionarios que se destaca el Ministro de la Presidencia, Pina Toribio. Éste, con sobrada razón, atribuye esas opiniones negativas a “informes que rinden algunas ONG que se benefician con recursos provenientes de esa nación”.
De manera que, por vía de la serena resignación o de la protesta decorosa, de uno y otro lado se sale al paso de un informe que, más que escrito, está copiado en una especie de “machote” o estructura base que funcionarios de cuestionable experiencia y menos recursos rellenan año tras año con cierta premura y abulia. No más uno lee de seguido el informe de un año y luego del año siguiente, constata que solamente varían ciertas pinceladas cosméticas de números y de adjetivos, pero no se altera la intención del reporte y tampoco se modifica sustancialmente lo que desde hace ya diez años se dice al Congreso estadounidense, a la cancillería norteamericana y al mundo en general sobre República Dominicana; a saber, que el récord dominicano en materia de derechos humanos es tan deficiente como el primer día. Y como prueba de esa pretensión, véase este solo botón.
El Informe correspondiente al año pasado reitera nueva vez que en el país se violan los derechos de los inmigrantes, léase bien: de los haitianos, así como de sus descendientes. De poco vale la solidaridad recién mostrada, por ejemplo, con el drama que padece la población haitiana. Se repite sin condiciones ni cortapisas que el racismo impera y extiende sus tentáculos en territorio dominicano, de manera tan abusiva como la que entraña aquella célebre frase de que la corrupción es “endémica” en el lado oriental de la Isla Hispaniola. Y como para remachar el mismo clavo, es decir como para darle razón al Ministro Pina Toribio, se avala lo reportado copiando párrafos de una comunicación del P. Christopher Hartley. Total, ni siquiera se toma en cuenta cuánto ha llovido y cambiado para bien la industria azucarera dominicana durante la última década.
En definitiva, la posible expectativa por el Informe de los Derechos Humanos se desvanecen ante la opinión pública nacional e internacional sin pena ni gloria por efecto del descrédito en el que ha caído por efecto de tantas repeticiones, plagios e inconsecuencias. Tantas que, de no ser porque ven la luz pública en Washington, carecen de gran valor.
*EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.
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