Apegada a la legalidad y catapultada por diferencias internas y externas por el mal uso y abuso de los recursos del Estado para favorecer al Candidato-Presidente, la Junta Central Electoral, igual que el gobierno electo, presionado por la situación económico-social que se avecina, podría verse en serias dificultades.
La teoría jurídica privilegia la obediencia a la ley, como valor supremo de convivencia social. Y se preocupa porque lo legal se ciña a lo moral que lo legitime. Derecho, Moral y Política son tres pilares donde descansa la sanidad de un sistema de gobierno democrático, siendo su desequilibrio fuente de confusión e inestabilidad. Lejos de ser excluyentes, se complementan enraizando lo genuinamente deseable.
El órgano que aplica la ley supone una superioridad que obliga a la obediencia. Pero para que ésta sea real y efectiva, no compulsiva, preciso es que la decisión, además legal, responda a los fines y valores morales que la sustentan. No bastar con decir: “dura lex sed lex”, para lograr su debido acatamiento y sumisión, si en su componente no existe la legitimidad del proceso y del fin perseguido.
La ley, como producto político, puede ser buena o mala. Estar conforme con el bienestar colectivo, o atentar contra éste creando, su aplicación, daños y perturbaciones. Con frecuencia responde a intereses que no contribuyen -y en cambio afectan- al bienestar general y el desarrollo institucional de los pueblos.
Por eso el poder no practicado con equidad, moderación y prudencia, siendo su ejercicio abusivo, deviene en fuente de malestar social, de desorden y violencia.
La Reforma Constitucional del 2002, que restituyó la reelección, engendro histórico de males ancestrales, debilitó nuestra institucionalidad democrática, estructuralmente débil, preñada de enormes desigualdades económicas y sociales.
La dictadura de Trujillo, mantenido por el terror, ilustra; también el despotismo del balaguerato. Hoy el pragmatismo toma un nombre no menos perverso: corrupción y transfuguismo, signos generados por el afán omnímodo de perpetuarse en el poder con desprecio a la alternabilidad que facilita “la pacífica y progresiva evolución de la sociedad dominicana” dirigida hacia el bien social y el decoro de la nación.
(Reproducido de Hoy)
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