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Mujeres haitianas. |
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LONDRES, Inglaterra.- La violencia contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia en Haità son "grave motivo de preocupación" para AmnistÃa Internacional, según su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
Aunque en el último año ha mejorado la estabilidad política y la seguridad, la situación de los derechos humanos sigue siendo "grave" y la impunidad prevalece para la mayoría de los abusos, mientras que la población no puede ejercer derechos básicos, añade la organización no gubernamental.
En su informe, divulgado este martes en Londres, AI denuncia asimismo que los periodistas siguen siendo objetivo de amenazas y homicidios, y que millares de personas son privadas de libertad, sin cargos ni juicio, y en condiciones de hacinamiento.
En cuanto a la situación de la infancia, al menos 175.000 menores realizan trabajos domésticos en condiciones equivalentes a la esclavitud, y casi medio millón están sin escolarizar.
Las niñas son las más expuestas a la violencia sexual en Haití, y, según cifras dadas a conocer por diversas ONG y recogidas por AI, el número de casos de violación denunciados se ha incrementado con respecto años anteriores, siendo más de la mitad de las víctimas menores de 17 años.
AI señala que el sistema de justicia haitiano no proporciona remedio efectivo alguno a las mujeres violadas o que padecen violencia doméstica, y que en algunas zonas rurales las autoridades han ejercido presiones para que las víctimas no denuncien a su agresor y acepten en su lugar un acuerdo económico.
Sobre la situación general del país, AI destaca que los elevados índices de desempleo, la pobreza generalizada y el narcotráfico son fuente de malestar social y de violencia, si bien los niveles de conflicto político han descendido y se mantienen bajos.
El informe destaca las "enérgicas operaciones" de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) para desmantelar las bandas armadas que operaban en los principales centros urbanos, pero lamenta que las mejoras en la seguridad se han visto obstaculizadas "por la incapacidad del Gobierno de proteger y hacer efectivos los derechos económicos y sociales más básicos de la población".
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