Solamente en los cuatro primeros meses de este año, 1.693 haitianos fueron deportados, o repatriados por República Dominicana. Las repatriaciones masivas son cada vez más comunes y no obedecen a ninguna regla establecida, pues "casi siempre están marcadas por violaciones de los Derechos Humanos de los migrantes", denunció el Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes.
Estos números pueden ser todavía mayores, pues las autoridades dominicanas cambian u ocultan los datos reales. A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno haitiano ni siquiera firmó el Convenio de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, lo que ayudaría a proteger a sus ciudadanos.
El Servicio Jesuita "piensa que es del interés de los migrantes que Haití firme ese convenio para protegerlos. Con la no ratificación de este instrumento internacional, el gobierno haitiano da margen a la explotación y la violación de los derechos humanos de sus propios ciudadanos entregados a la arbitrariedad de las autoridades dominicanas".
La relación entre los dos países es extremamente tensa en razón de la migración. Por un lado, los dominicanos reclaman que la presencia de trabajadores haitianos les saca puestos de trabajo. Sea en la construcción civil, sea en el sector agrícola, o en el comercio informal, las empresas locales prefieren dar trabajo a los inmigrantes, ya que sin derechos laborales, los haitianos les cuestan menos a los empresarios dominicanos.
Por otro lado, los haitianos son víctimas de violaciones y falta de respeto constantes. Y esto, a pesar de que ellos contribuyen enormemente al crecimiento económico de la República Dominicana. La contrariedad de la situación hace que, aunque los haitianos sean necesarios, son tratados como descartables y las autoridades dominicanas se niegan a regularizar su situación, para poder así explotarlos mejor.
En este conflicto de intereses, surge también el espacio para la corrupción. El gobierno dominicano adopta la postura de expulsar a los inmigrantes, cuando la ocasión les conviene, pero sólo dejan el país aquellos que no tienen dinero para sobornar a la policía.
De acuerdo con la denuncia de algunos migrantes al Serviço Jesuíta, "si ellos tuviesen dinero para sobornar, no los expulsarían, y que varios de sus compañeros que estuvieron con ellos en el automóvil que los transportaba hacia la frontera aceptaron pagar la cantidad de dinero pedida por las autoridades, para que los dejasen salir del vehículo en un lugar distante de los ojos críticos de los ciudadanos".
Además de la complicada situación migratória, la frontera de Haití con República Dominicana, está marcada por el tráfico y la explotación sexual de personas. Las mujeres, principales víctimas de estas explotaciones, son un público migrante creciente, pues no dejan más su país de origen sólo para seguir a sus compañeros, sino también para buscar una vacante en el mercado de trabajo.
