En declaraciones a la prensa, en un encuentro que contó con la presencia de directores y ejecutivos de las principales administradoras de riesgos de salud, la entidad consideró que sus miembros están siendo objeto de una campaña de descrédito promovida por grupos interesados, vinculados al sector salud, que tiene el objetivo de desprestigiar el SFS y a las ARS para posteriormente implementar un proceso de estatización de la salud.
ADARS desvinculó de esa campaña a los medios, señalando que éstos se han limitado a dar cabida a informaciones de interés público, pero que en muchos casos no se corresponden con la realidad.
Indicó que las administradoras del sector privado representadas por ADARS han estado cumpliendo fielmente con sus responsabilidades con los afiliados, incluyendo los componentes de Promoción y Prevención con la invaluable gestión y aporte de los médicos y demás prestadores de servicios de salud, dentro de un modelo de libre acceso al especialista como el implementado a través del PDSS.
Dijo que ninguna administradora, incluyendo la estatal, tiene la capacidad para atender en forma adecuada a todos los afiliados, y que buscar la estatización del sistema, sólo generaría un monopolio que llevaría a la muerte inevitable del sistema de seguridad social.
Resaltó que las estadísticas sobre los servicios refutan los argumentos que se emplean contra las ARS privadas y dijo que agosto, cuando se estará permitido a los afiliados decidir si desean cambiar de administradora, será una fecha decisiva para el sistema y en especial del Seguro Familiar de Salud, y que todo eventual intento dirigido a monopolizarlo desde el sector público constituiría de hecho "un atentado a la libertad de empresa".
La asociación estimó que en el fondo eso es lo que está en juego en la discusión, es decir, la seguridad jurídica en el campo de los negocios y, por ende, el principio de libertad de empresa, por lo que entiende que el Gobierno debe erigirse en un garante de ese derecho fundamental del sistema democrático.
